El Registro Civil no da abasto con las solicitudes de varones que quieren cambiarse de sexo con arreglo a la ley trans, que entró en vigor el pasado jueves 2 de marzo. Desde entonces, tal y como ha podido constatar THE OBJECTIVE, la avalancha de hombres que quieren beneficiarse de la norma ha provocado que el registro haya colapsado en lugares como Madrid, Córdoba o Pamplona, que ya no ofrecen más citas. «Estamos desbordados, y lo peor de todo es que todavía no hemos recibido indicaciones sobre cómo debemos proceder: damos palos de ciego», denuncia un funcionario de esta última ciudad a este medio.
La primera semana de la ley ha estado caracterizada por el caos y la improvisación. «He ido al registro con cita previa, la señora me ha pedido el DNI, me ha tomado los datos, me ha preguntado dónde estoy empadronado, y me ha dicho que todavía no se sabe nada del protocolo, y que me llamará en unos días. Es un ejemplo de la brillantez legislativa y ejecutiva del Gobierno: aprueban una ley para que te cambies de sexo, pero vas al registro y no tienen ni idea de cómo se hace», narra un varón pamplonés.
En Pamplona el Registro Civil está al borde del colapso, y ya no da citas previas hasta mayo, pero la situación es peor en Madrid o Córdoba, donde ya no quedan huecos para el cambio de sexo registral. «En este momento no hay citas disponibles. En breve, la Oficina pondrá a su disposición nuevas citas» es el mensaje que aparece cuando Rubén, madrileño, intenta coger hora para cambiar de sexo. «Están colapsados. Me dicen que tengo que hablar con el juez de paz, pero sólo tiene dos horas a la semana. Llamo al 012 y me dicen que no saben nada del asunto», se queja a este periódico.
Quienes sí han conseguido avanzar en el trámite confiesan que los funcionarios «se cuadran» cuando varones piden el cambio de sexo registral. «No hacen ni media mueca extraña porque saben que pueden ser señalados por discriminación y meterse en un marrón», confiesa uno de ellos en relación al nuevo régimen sancionador de la norma, que contempla sanciones de entre 200 y 2.000 euros por «utilizar o emitir expresiones vejatorias» contra las personas trans o «no facilitar la labor o negarse parcialmente a colaborar (…) en el cumplimiento de los mandatos de esta ley».
Estos hombres -«la amplísima mayoría lo son», según un funcionario- se presentan al Registro Civil sin la necesidad de aportar informes médicos o psicológicos, ni de someterse a tratamientos farmacológicos u operaciones, ya que basta con «la libre declaración de la persona sentida» y la compleción de un formulario para empezar el proceso. A los tres meses, serán citados para ratificar la solicitud y ser informados de sus nuevos derechos. Si aceptan, pasarán a ser mujeres a todos los efectos.
Falta de previsión
La falta de previsión es tal que el Ministerio de Justicia todavía no ha actualizado su página web. De este modo, si uno quiere pedir una cita previa para el cambio de sexo registral, ésta aún prescribe que deberá llevar «un informe de médico o psicólogo clínico que haga referencia, uno, a la existencia de disonancia entre sexo inscrito y la identidad de género sentida o sexo psicosocial, y a la estabilidad y persistencia de la disonancia y, dos, a la ausencia de trastornos de personalidad que pudieran influir de manera determinante en la existencia de la disonancia».
El departamento que dirige Pilar Llop asegura en su web que todavía es necesario, además, un «informe del médico que haya dirigido el tratamiento, por el que se acredite que el interesado ha sido tratado médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas al sexo reclamado». Dos requisitos que han desaparecido con la ley de Irene Montero, y que no pueden ser exigidos por los funcionarios sin incurrir en una más que posible infracción de la norma.
¿Récord en el Registro Civil?
Todo hace indicar que este año España batirá el récord de personas que acuden al Registro Civil para cambiarse de sexo. Tal y como publicó este medio en exclusiva, en 2022 acudieron 1.306: casi cuatro al día, y alrededor de cinco veces más que hace tan sólo diez años, en 2012, cuando fueron 280.«Por aquí han pasado más de veinte en un día seguro», admite un funcionario de Justicia que trabaja en Madrid.
